Un análisis del economista Marco Flores advierte que el rebote del PIB no mejoró los ingresos de la mayoría de la población, mientras que el ajuste fiscal, la subejecución presupuestaria y la violencia profundizaron el deterioro social.
La economía ecuatoriana cerró 2025 con cifras que, aunque muestran crecimiento en los indicadores macroeconómicos, no se tradujeron en mejores condiciones de vida para la mayoría de la población.
Un análisis elaborado por el economista Marco Flores sostiene que el país experimenta un “crecimiento contable sin bienestar”, con beneficios concentrados en el quintil más rico y un deterioro persistente del empleo, los ingresos reales, los servicios públicos y la seguridad.
El informe parte de un principio central: no pueden considerarse positivos los resultados económicos si la mayoría de la población empeora su situación.
Bajo esa premisa, concluye que el crecimiento observado en 2025 corresponde principalmente a un rebote estadístico tras un año recesivo, cuyos beneficios se concentraron en los hogares de mayores ingresos, mientras más del 60% de la población no logró cubrir el costo total de la Canasta Básica Familiar.
Estancamiento económico y crecimiento insuficiente
Entre 2006 y 2017, el PIB nominal de Ecuador creció más de 128%, pero entre 2017 y 2025 el aumento estimado fue de apenas 28%, lo que confirma una marcada desaceleración de la economía.
Para 2025, el Banco Central del Ecuador proyectó un crecimiento real del 3,8%, que se reduciría a 1,8% en 2026, una trayectoria que, según el análisis, no refleja un proceso sostenido de expansión productiva.
El crecimiento es insuficiente para absorber el aumento poblacional, mejorar el ingreso per cápita y generar empleo adecuado.
La economía permanece atrapada en una dinámica de baja productividad, débil demanda interna y ausencia de una estrategia de transformación productiva con valor agregado.
Deuda pública y fragilidad fiscal
A septiembre de 2025, la deuda pública agregada del sector público ecuatoriano alcanzó los USD 89.542,9 millones, equivalentes a cerca del 67 % del PIB.
La mayor parte corresponde a deuda externa e interna del Presupuesto General del Estado. El análisis advierte que la insostenibilidad fiscal no se explica solo por el tamaño de la deuda, sino por el desbalance entre los flujos de pago y la capacidad real de la economía para generar ingresos.
El servicio de la deuda absorbe gran parte de los ingresos permanentes del Estado, desplazando recursos destinados a salud, educación, seguridad e infraestructura.
Entre enero y octubre de 2025, el déficit fiscal acumulado fue de USD 3.142 millones, más del triple que en el mismo período de 2024, impulsado principalmente por el aumento de los intereses de la deuda.
Inversión pública como variable de ajuste
Uno de los ejes críticos del análisis es la reducción sostenida de la inversión pública. La formación bruta de capital fijo no logra recuperarse y la inversión privada no compensa la contracción del gasto estatal.
En 2025, casi la mitad del presupuesto de inversión no fue ejecutado, debilitando el multiplicador del gasto público y profundizando el estancamiento económico.
Flores sostiene que, en contextos de debilidad de la inversión privada, el Estado es el único actor con capacidad contracíclica.
La ausencia de inversión pública no solo frena el crecimiento, sino que agrava el desempleo, reduce la recaudación y termina debilitando aún más las cuentas fiscales.
Ingresos insuficientes y precariedad laboral
Las cifras oficiales muestran que la mediana del ingreso laboral en octubre de 2025 fue de USD 391, con brechas marcadas entre hombres y mujeres. Más del 60 % de los hogares no logra cubrir el costo de la Canasta Básica Familiar, lo que evidencia una fuerte concentración del ingreso. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, solo el quintil más rico supera holgadamente ese umbral.
La situación es especialmente crítica para los jóvenes: apenas el 32,3 % de las personas entre 18 y 29 años accede a empleo adecuado, consolidando un escenario de precariedad, migración forzada y pérdida de capital
Violencia, inseguridad y costo económico
El análisis subraya que la violencia se ha convertido en un factor económico central. La extorsión, los homicidios y el cierre de pequeños negocios afectan de forma regresiva a hogares pobres y trabajadores informales.
Según el Global Peace Index 2025, el costo económico anual de la violencia en Ecuador se sitúa entre USD 10.700 y 16.000 millones, una carga que reduce el crecimiento potencial y debilita la inversión y la sostenibilidad fiscal.
Reservas internacionales y riesgo país
El incremento de las reservas internacionales por encima de los USD 10.000 millones no responde, según el informe, a una mejora productiva, sino a factores financieros y contables, como la revalorización del oro y la acumulación de liquidez en el sistema bancario.
De forma similar, la reducción del riesgo país por debajo de los 500 puntos se logró, en gran medida, a costa de recortes en inversión pública y deterioro de servicios, trasladando el costo del ajuste a la población.
Un balance crítico
El economista Flores concluye que Ecuador enfrenta un modelo económico que prioriza el ajuste contable y el pago de la deuda por encima del bienestar social.
Sin empleo adecuado, inversión pública sostenida, reducción de la violencia y corrección de la concentración del ingreso, el crecimiento no se traduce en mejoras reales para la mayoría.
“El objetivo de la economía no es tranquilizar a los mercados, sino mejorar la calidad de vida de la población”, señala Flores, y advierte que mientras el costo del ajuste siga recayendo sobre salarios, empleo y servicios públicos, la narrativa oficial de avances económicos seguirá siendo, en términos sociales, insostenible.
Fuente: Radio Pichincha
