El Gobierno destina cerca de USD 1,6 millones diarios únicamente para mantener en su nivel máximo a los principales embalses hidroeléctricos del país, con el fin de garantizar la generación de energía y evitar apagones durante el estiaje. Este periodo, que se extiende entre septiembre y diciembre, suele caracterizarse por una drástica reducción de lluvias, lo que disminuye el caudal de los ríos y pone en riesgo la operación de las centrales hidroeléctricas.
Las autoridades aseguran que los embalses estratégicos como Daule–Peripa, Pisayambo, Amaluza y Mazar se encuentran actualmente en condiciones óptimas, lo que permitiría cubrir la demanda eléctrica en los próximos meses. Sin embargo, especialistas advierten que la situación sigue siendo delicada debido a la falta de nuevas plantas de generación térmica y a la alta dependencia de contratos de importación de energía desde Colombia, así como de la incorporación de barcazas y centrales temporales de respaldo.
El déficit proyectado en caso de que falle alguno de los soportes energéticos adicionales oscila entre 700 y 1.200 megavatios, lo que podría reactivar los apagones si la sequía se prolonga más de lo previsto. A esto se suma el retraso en la ejecución del presupuesto destinado a inversión en el sector eléctrico, que hasta mediados de 2025 apenas se había ejecutado en un 6 %, lo que limita la capacidad de reacción ante emergencias.
La pregunta clave es si el país realmente está preparado para afrontar el estiaje sin sobresaltos. Aunque el nivel de agua en los embalses es favorable, la vulnerabilidad estructural del sistema eléctrico y la dependencia de fuentes externas generan incertidumbre en la población y presionan al Gobierno a mantener fuertes gastos diarios para evitar una crisis similar a la de 2024.
