El ministro del Interior, John Reimberg, expresó su molestia con jueces y fiscales del país, al considerar que están permitiendo que delincuentes, incluso con evidencias de violencia extrema, enfrenten sus procesos en libertad.
Durante su intervención ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, este lunes 16 de junio, Reimberg declaró:
“Cada decisión judicial debe alinearse con el interés público.”
El ministro presentó cifras que evidencian su preocupación: entre el 1 de enero y el 8 de junio de 2025, 33.069 personas fueron aprehendidas, de las cuales 9.932 recibieron medidas sustitutivas a la prisión preventiva, como presentaciones periódicas o arresto domiciliario.
Reimberg lamentó que mientras la Policía Nacional aprehende a sospechosos de delitos como secuestro y extorsión, el sistema judicial les permita defenderse en libertad. Afirmó que incluso algunos que han sido encarcelados, logran salir con acciones judiciales posteriores.
Como medida de presión, anunció públicamente que revelará los nombres y apellidos de los jueces y fiscales responsables de otorgar estas medidas:
“Como ya lo hice cuando un juez intentó contactarse conmigo. Se acabó ese miedo. El Ecuador tiene derecho a saber quiénes son.”
La tensión escaló tras conocerse que dos individuos, acusados de secuestrar y posteriormente asesinar a comerciantes en una cisterna en Guayaquil, fueron beneficiados con medidas alternativas a la prisión preventiva. Este caso fue calificado como “la gota que derramó el vaso”.
Como respuesta, el pasado 13 de junio se llevó a cabo una reunión entre el Ministerio del Interior, la Fiscalía, el Consejo de la Judicatura y la Policía Nacional, con el fin de revisar y ajustar los procedimientos para evitar que este tipo de situaciones se repitan.
Reimberg aseguró que seguirá insistiendo en una mayor coherencia entre el trabajo policial y las decisiones judiciales, en pro de la seguridad ciudadana.
