La extorsión se ha convertido en una economía paralela en sectores populares de Guayaquil. En el área de Socio Vivienda, al noroeste de la ciudad, operan estructuras criminales que imponen el cobro sistemático de “vacunas” a residentes y comerciantes, generando alrededor de 2 millones de dólares anuales.
Según revelaciones realizadas ante la Asamblea Nacional, las más de 2.000 familias que habitan la zona estarían siendo obligadas a pagar sumas diarias, en algunos casos hasta 2 dólares por vivienda. Además, negocios como tiendas, taxis, ventas informales y locales de comida también deben entregar pagos regulares, incrementando los ingresos ilícitos de estas organizaciones a unos 150.000 o 180.000 dólares cada mes.
Este esquema de microextorsión funciona como una red bien organizada, con tareas asignadas y una estructura que reproduce prácticas empresariales, pero bajo amenazas y violencia. La situación ha generado desplazamientos masivos: miles de familias han abandonado sus hogares desde la pandemia debido al miedo constante y a la presión criminal.
En lo que va del año, ya se han producido varios operativos en el sector, pero la comunidad aún vive bajo el control de estos grupos, con zonas consideradas de alto riesgo. La presencia estatal es intermitente y muchas denuncias no se concretan por temor a represalias.
El fenómeno en Socio Vivienda es solo un reflejo de un problema más amplio que afecta a distintas ciudades del país, donde la extorsión ya no es una práctica aislada, sino un sistema que sostiene a estructuras delictivas que han sofisticado su modo de operar.
