
La corrupción dentro de la Policía Nacional vuelve a quedar expuesta. Seis agentes han sido procesados en lo que va de 2025 por su presunta participación en delitos relacionados con el tráfico de drogas en Guayaquil, incluyendo el robo de estupefacientes de bodegas oficiales y la protección de cargamentos ilegales.
Las investigaciones, basadas en testimonios, videos y expedientes judiciales, evidencian que estas acciones no son hechos aislados, sino parte de un patrón que se repite en otras provincias como El Oro, Manabí, Santo Domingo y Los Ríos. Los casos involucran desde subtenientes hasta bodegueros de unidades especializadas en narcóticos.
Uno de los incidentes más recientes ocurrió en abril de 2025, cuando un subteniente y un sargento fueron detenidos tras ser captados por cámaras de seguridad sustrayendo 18 bloques de cocaína de un tráiler en el sur de Guayaquil. Ambos fueron localizados en Tungurahua un año después del delito y enfrentan prisión preventiva por tráfico de drogas.
Otro caso relevante involucra a cuatro cabos segundos que, según la Fiscalía, participaron en el traslado de 218 kilos de cocaína desde la parroquia Progreso hasta una urbanización privada. Utilizaban patrulleros con vidrios polarizados para escoltar los vehículos con la droga. Las pruebas incluyen rastreos vehiculares, fotografías y seguimientos encubiertos.
Además, las autoridades investigan la desaparición de 321 bloques de cocaína de la Unidad Canina de Guayaquil, un caso que reveló vínculos entre uniformados y mafias locales. Esta situación se repite en bodegas de otras ciudades, como Machala, Manta y Milagro, donde también se han reportado sustracciones de droga y bienes durante allanamientos.
El abogado penalista Julio César Cueva advirtió que el retardo en la destrucción de droga incautada facilita su desvío, y que puestos como el de bodeguero en unidades antinarcóticos se han convertido en “puestos codiciados” por quienes buscan aprovecharse del sistema.
Por su parte, el experto en seguridad Renato Rivera recordó que desde 2019 no se asignó un presupuesto adecuado para destruir la droga decomisada, lo que ha llevado al almacenamiento masivo y ha abierto la puerta al robo o la sustitución de la evidencia.
Un informe interno de diciembre de 2023 ya alertaba sobre irregularidades dentro de la jefatura Antinarcóticos de Guayaquil, identificando a 22 uniformados bajo sospecha, incluyendo un grupo con presunto enriquecimiento ilícito y conexiones con redes delictivas.
Fuente: Ecuavisa




