Fabricio Valencia, presidente del recinto Chucaple, en la parroquia Cube del cantón Quinindé (provincia de Esmeraldas), denunció que la compensación económica ofrecida por el Gobierno tras el derrame de petróleo del 13 de marzo de 2025 no ha llegado de forma adecuada a su comunidad.
En una entrevista emitida el 12 de mayo por el programa digital El Mono López, Valencia afirmó que, de las más de 350 personas afectadas, solo siete han recibido el bono de $470 anunciado por el presidente Daniel Noboa mediante el Decreto Ejecutivo 577, firmado el 22 de marzo. El decreto establecía que Petroecuador debía realizar el pago y que la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos debía elaborar un listado actualizado de los damnificados para canalizar la ayuda a través del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos.
Valencia también señaló que más de 350 estudiantes ya han iniciado clases sin contar con acceso a agua potable. La ayuda alimentaria solo llegó una vez, y el abastecimiento de agua mediante tanqueros se ha realizado de forma esporádica, con apenas tres entregas hasta la fecha.
“Nos ofrecieron el bono de $470, y aunque 116 personas lograron registrarse en el sistema, más de 200 se quedaron fuera porque se cerró sin previo aviso”, declaró el dirigente. Además, aseguró que el gobierno ha solicitado en varias ocasiones copias de cédulas y certificados bancarios, pero sin dar respuesta efectiva ni fechas claras de pago.
A pesar de haber intentado comunicarse con el gobernador de la provincia, Valencia afirma que no han recibido ningún tipo de respuesta institucional. La comunidad de Chucaple, como otras en la zona afectada, continúa esperando que se cumplan los compromisos asumidos tras el desastre ambiental.
